Certificado de Defunción

La noticia ayer era que los grupos parlamentarios, con excepción de UPyD, UPN y Foro Asturiano, se habían conjurado para firmar el acta de defunción de la LOMCE después de que el Popular rechazara las once enmiendas a la totalidad que se habían presentado. Los firmantes del documento se comprometen a derogar la ley en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura.

Participo de la satisfacción de quienes destacan hoy la noticia en las redes sociales y añaden comentarios esperanzadores; pero no de su entusiasmo. No me cabe duda de que es una buena noticia que la mayor parte de la oposición haya decidido ponerse de acuerdo en algo tan importante. De hecho, me parece bueno que hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en algo. Sin embargo, demasiadas veces hemos visto cómo se rompen pactos y acuerdos, cómo se moja repentinamente el papel en el que se escribieron y cómo se caen firmantes con las más variadas justificaciones. La fragilidad de los acuerdos es inherente a la política, como lo es al cristal.

Lo cierto es que el acuerdo de ayer no nos dice nada nuevo, salvo que ha quedado escrito. Que la LOMCE, que ha suscitado el rechazo de todos los sectores y de casi todas las fuerzas sociales y políticas nace con fecha de caducidad, es algo que hace mucho que se viene advirtiendo en bastantes foros y en no pocos artículos de opinión. Ya ha sucedido antes, recuerden. El único condicionante estriba en que el gobierno actual deje de gobernar o al menos tenga que pactar con otras fuerzas políticas para hacerlo. Cuáles sean esas fuerzas, con cuántos apoyos y con qué potencia, determinará el interés en derogar la ley llegado ese momento y sobre todo el contenido de la que venga a sustituirla. Porque ¿y si el próximo gobierno fuera una gran coalición PP-PSOE, como ya se atreven a aventurar algunos analistas? ¿Y si el equilibrio de fuerzas diera el poder a otras alianzas con socios minoritarios? ¿Cuánto de la LOMCE estarían dispuestos a admitir? ¿Seguirían rechazándola de plano? ¿Qué mínimos cambios en el articulado completo aceptaría, por ejemplo CIU, para someterse al resto con satisfacción?

Son demasiados interrogantes. Y lo son porque, desde que se conoció el primer borrador del anteproyecto, unos no han movido ni un músculo para decir qué ley de educación serían capaces de proponer, no han elaborado una alternativa (ni se atreverían a decirlo si la tuvieran, quizás porque eso es muy expuesto y puede restar votos). Y otros han puesto en marcha medidas en sus respectivas Comunidades Autónomas que si no aplauden abiertamente a la ley del PP es porque hay matices, es decir, intereses exclusivos, con los que el ministro Wert no transige.

Lo que más esperanzador me resulta del acuerdo firmado ayer es el compromiso inédito por alcanzar una ley de consenso, perdurable, para lo cual se anuncia una “amplia transversalidad de carácter ideológico”. Después de tanto denunciar que la LOMCE es una ley ideológica, como si eso fuera la encarnación misma de la maldad, al fin parecen darse cuenta de que no puede ser de otra manera. Pero la ideología hay que plasmarla en un articulado complejo y para eso es necesario acudir a argumentos y aportar evidencias. ¿Hay alguien en la política profesional que esté trabajando ya en una ley de educación con argumentos pedagógicos y no solamente políticos? ¿con los profesionales de la educación, y con las familias, y con los estudiantes, y no sólo con expertos y políticos profesionales?

Me gustaría pensar que no están esperando a tumbar al PP en las urnas para luego andar con prisas haciendo malabares para negociar contenidos políticos, y sólo después, tarde como siempre, pensar en la educación.