Una ley sin vocación de futuro

Una de las cosas más seguras que pueden decirse de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) es que se trata de una ley sin vocación de futuro. Si llega a aprobarse en los términos en que se plantea su anteproyecto, durará exactamente lo que tarde el partido del gobierno en ser relevado por otro, como desgraciadamente viene sucediendo desde siempre en este país. Una vez más, se pierde la oportunidad de hacer una ley de educación duradera con el acuerdo y el respeto de todos. Muy al contrario, la propuesta de reforma de la educación está cosechando duras críticas procedentes de todos los sectores: profesores y alumnos desde luego, pero también científicos, académicos, artistas, intelectuales y en general personas del mundo de la cultura. La LOMCE cuenta en su haber con el dudoso honor de haber sido rechazada hasta por las asociaciones de padres y madres, que salieron a la calle a manifestarse en su contra, cosa que nunca antes había ocurrido.

Nada de eso parece importar. El Gobierno, confundiendo la mayoría en el Congreso con la legitimidad de hacer lo que le parezca aun en contra de la voluntad de muchos, ni ha sometido a debate ni ha negociado una ley de reforma que va a modificar profundamente el sistema educativo actual. Por si fuera poco, no viene acompañada de un análisis riguroso que identifique los problemas y trate de explicar por qué las medidas que se van a tomar son las más oportunas para enfrentarlos. La falta de argumentos científicos y de razones psicológicas, sociológicas, pedagógicas, e incluso económicas, impide saber cuáles son las fuentes, distintas de la mera ideología ultraconservadora, en las que bebe el señor ministro. No hay manera de comprender qué teorías, corrientes, escuelas o tendencias afirman que hay unas materias más importantes que otras para el desarrollo intelectual y social de las personas, ni cuáles aconsejan reducir hasta su mínima expresión la presencia de las Humanidades o las Artes en el currículum escolar. Desde luego, no se entiende qué razones, insisto, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica mientras se destierran los contenidos de la Educación para la Ciudadanía, que aborda precisamente aquellos “temas conflictivos” –según expresión del propio ministro– que están relacionados con aprender a convivir, moralmente en paz con uno mismo, en una sociedad cada día más compleja y diversa.

Tampoco se conoce la rama de la psicología que afirma que se aprende más ni mejor a fuerza de hacer exámenes, ni la de la sociología que defiende que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar o se obtiene una sociedad más robusta y sana. Y sin embargo, esto es lo que la LOMCE propone: un regreso que creíamos ya imposible a los años sesenta del siglo pasado para encontrarnos de nuevo con las reválidas y, con ellas, con la separación a edades tempranas de los estudiantes en ramas profesional y académica, en itinerarios derechos al mundo del trabajo o del estudio, ignorando que esa es una elección que debería hacerse una vez adquirida una sólida formación general y olvidando que hay una estrecha relación entre el éxito académico y el entorno familiar del que se procede. Los pobres y los menos favorecidos no son menos aptos, pero sus posibilidades de promoción social se verán disminuidas aún más porque sus entornos familiares y sociales no les pueden proporcionar el acceso a la cultura ni los estímulos académicos e intelectuales necesarios, y ahora ya la escuela tampoco intentará por mucho tiempo compensar esa desigualdad de origen. Las medidas propuestas por la reforma Wert van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente para la competitividad y no para la cooperación. La lucha contra el fracaso y el abandono escolar es una pose retórica. Lo que parece que se persigue con claridad es la jerarquización social ya desde la escuela.

Solamente el empeño en ratificar las querencias ideológicas ultraconservadoras puede justificar que se intente rebajar el fracaso escolar eliminado del sistema a quienes fracasen, para que no cuenten. Solo esa fijación puede explicar el fortalecimiento de la enseñanza concertada y privada. Únicamente desde esa atalaya se puede entender la desconfianza hacia el profesorado que tanta reválida, tanto centralismo y tanta cerrazón curricular demuestran.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa es una ley sin justificación, ultraconservadora y segregadora. Una ley que avanza un paso más –éste de gigante– en el desmantelamiento de la Escuela Pública. 

Publicado en Diario Sur de Málaga el domingo 9 de diciembre de 2012.