miércoles, 6 de noviembre de 2013

La Universidad, hoy: resistencia y esperanza

Artículo publicado en ANS, revista del Ateneo de Málaga, nº 17. Noviembre de 2013
J. F. Murillo Mas
Miguel Sola Fernández

Ortega y Gasset reclamaba para la Universidad no sólo la función docente e investigadora, sino, probablemente de forma más radical, también la del liderazgo; liderazgo cultural y político. Sin embargo, no somos pocos quienes compartimos que en la actualidad “las políticas universitarias […] están transformando las universidades en centros escolares de formación multidisciplinar con un profesorado mayoritariamente dócil, obediente, acrítico e intelectualmente desarmado. El discurso oficial de la innovación, el emprendimiento, la gobernanza y la excelencia universitaria contrasta con la inexistencia de indicadores y datos sobre la contribución de las universidades al desarrollo social y cultural” (Matas, J., 2013).
La universidad como escenario del pensamiento crítico, de la ciencia y de la cultura; la que prepara a los jóvenes para la vida profesional al mismo tiempo que atiende a la formación humanista de la ciudadanía; el motor del conocimiento, del progreso, del bienestar, de la justicia social, de la libertad… hoy en día podría estar más en la ilusión y en el imaginario de los intelectuales y de algunos universitarios que en la realidad de las políticas y de las prácticas.
Semejante deriva de la institución universitaria exige comprender en profundidad la complejidad de los tiempos de cambio que vivimos y actuar en consecuencia. Si el siglo XX fue el de la búsqueda de certezas científicas y del desarrollo acelerado de las diferentes disciplinas del conocimiento humano, el presente, dicen muchas voces cualificadas, está llamado a ser el siglo de la incertidumbre. En la declaración mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI (UNESCO, 1998) se recoge que los sistemas educativos de Educación superior deberán “aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre”. Si el concepto “aprender a aprender” es una idea-fuerza más allá del eslogan en que se está convirtiendo se debe a que, paradójicamente, la única certeza que actualmente poseemos reside en que el presente no tiene aseguradas en el futuro la linealidad y secuencialidad que tenía en la sociedad industrial. Se hace necesaria una educación para la incertidumbre allí donde las antiguas certezas en torno a gran parte de los elementos, procesos y estructuras que nos rodean ya no tienen vigencia.
En este marco de incertidumbre, de renovados desafíos en nuevos contextos, nos proponemos pergeñar algunas ideas para alimentar un debate que propicie la deliberación pública.

La tecnocracia como opción política encubierta
No existen análisis desideologizados que definan cuáles son los nuevos problemas de la Universidad en General y de la española en particular y cómo enfrentarnos a ellos. Tampoco existen respuestas al margen del debate político.
Es necesario hacer visible uno de los mecanismos más sutiles para hurtar buena parte de la deliberación política y de esta forma impedir la comprensión de los nuevos problemas e incapacitarnos para la formulación de sus soluciones. El auge del pensamiento neoliberal ha conseguido encumbrar la tecnificación de las decisiones. Los cambios que se proponen no se justifican porque respondan a un ideal ético de sociedad, ni a una visión política determinada, sino porque se presentan como los únicos posibles dadas unas condiciones y unos recursos científico-técnicos y económicos determinados.
Las consideraciones sobre la justicia de la vida social se despolitizan progresivamente, convirtiéndose en puzzles supuestamente neutrales que pueden solucionarse mediante la acumulación de hechos empíricos neutrales (Apple, M. 1986). De este modo, algo que trata, en apariencia tan fervientemente, de mejorar la realidad educativa de un país, como son las reformas educativas liberales en general y las universitarias en particular, con un claro sustrato tecnocrático, son realmente estructuras ideológicas que están encubriendo la realidad de un proceso de dominación.
Este proceso no es otro que el conocido como lucha de clases, una expresión devuelta a la escena política y social con renovados bríos y actualidad. Las declaraciones de Warren Buffet, una de las personas más ricas del mundo, a The New York Times (26/11/2006) son tan certeras como cínicas: "Desde luego que hay una guerra de clases, pero es mi clase, la clase rica, la que la está haciendo, y estamos ganando".
La racionalidad tecnológica en la sociedad de libre mercado ejerce un papel decisivo en la reducción de nuestro entendimiento, contribuyendo de forma determinante a definir los límites de lo que es lógico, o no, para la mayoría de las personas. Esta forma de pensamiento hegemónico (Apple, M., 1986; Gramsci, A., 1984; Williams, R., 1976) actúa como el conjunto de significados, valores y experiencias desde dentro del cual, y sólo desde él, se pueden producir interpretaciones lógicas del mundo, una especie de sentido común compartido por los grupos dominados, “un mecanismo por el cual acabamos aceptando como natural el dominio sobre nosotros de la clase que nos oprime” (Sola, M., 2013). Es quizás ésta, la definición de los límites de lo pensable, la consecuencia más relevante de la tecnificación de la vida en general, y de los procesos reformadores en el ámbito de la educación superior en particular, en las economías industriales desarrolladas. La noción de hegemonía nos permite comprender mejor el modo en que las instituciones de conservación y distribución de la cultura crean y recrean formas de conciencia que permiten el mantenimiento del control social sin que los grupos dominantes tengan que recurrir a mecanismos manifiestos de dominación.

La burocracia, el arma de la hegemonía
La racionalidad tecnológica sostiene que la vida social puede regirse científicamente y organizarse según generalizaciones legales. Esta perspectiva abre las puertas de la burocratización de las estructuras sociales que buscan el control a través de las descripciones de tareas, de relaciones lineales de gestión y del establecimiento de determinados flujos de comunicación.
La interpretación que en nuestro país se ha hecho de la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, quizás por incapacidad para un desarrollo de más calado, menos cosmético, quizás a causa de una brutal crisis económica que de todas maneras está resultando ser muy conveniente como justificación, constituye el ejemplo perfecto de burocratización acorde con lo expresado más arriba. Las raíces se hunden más lejos en el tiempo, pero Bolonia es indudablemente un punto de inflexión en la “apoteosis de la burocracia”, que ya consume buena parte de las energías de profesorado y gestores universitarios y en estos momentos no parece una amenaza, sino “una realidad ya plenamente instalada, como un cáncer, en el organismo universitario (…)” (Culla, J.B., 2011).
Sin embargo, no debe entenderse la burocratización como un error del sistema; ni siquiera como un daño colateral inevitable, sino como un mecanismo intencional con pleno sentido. En el capitalismo contemporáneo, la economía y el mercado han impregnado global y masivamente todo lo social con su lógica. Gran parte de los propósitos del sistema universitario están rendidos a la lógica económica y toman la forma de discurso hegemónico. Es la definitiva puesta del sistema educativo “al servicio de la producción, del mercado laboral, del desarrollo, de los buenos indicadores (pruebas, calificaciones, porcentajes, rendimientos, evaluaciones: todos recursos expansivos de la cifra, la lógica misma de la economía)” (Núñez, S. 2013).
De no reaccionar a tiempo, el peligro no es ya un desgaste personal o institucional, sino que se termine imponiendo un modelo de “Universidad rígida, formalista, uniformizadora (…) entonces el daño ya será irreversible” (Culla, J.B., 2011).
No estamos asistiendo a un necesario ajuste técnico, sino a un cambio de modelo social. La universidad pública está obligada a pertrechar a la sociedad civil de las herramientas conceptuales que le permita desentrañar las falsedades, o peor aun, las medias verdades, que se están utilizando en los distintos contextos de nuestra realidad social, y que nos conducen al desmantelamiento de las conquistas sociales que se habían consolidado, y por lo tanto a la debilitación más severa de nuestra joven democracia.
Es más que dudoso que en las actuales circunstancias y bajo el imperio de las condiciones expresadas hasta ahora, las Universidades puedan ser reconocidas actualmente como el motor del progreso social; y es más que probable que se esté participando en ellas de la apatía generalizada que admite sin grandes dificultades la esencia del mensaje hegemónico. Es preciso reaccionar inmediatamente y recuperar la capacidad de creación y de transformación del pensamiento crítico. Es perentoria la necesidad de elaborar alternativas a la ideología emboscada en la aparente neutralidad técnica del discurso experto sobre, al menos, los siguientes aspectos inadmisibles:
No podemos permitir que el incremento de las tasas universitarias y los recortes en las becas y ayudas al estudio, impidan el acceso a la universidad de miles de jóvenes que no podrían cursar los estudios que desean por no disponer de los medios económicos necesarios para costeárselos, infringiendo el principio de igualdad de oportunidades en el que se fundamenta nuestro sistema educativo.
No podemos permitir que mueran de inanición las disciplinas, Facultades o Departamentos que no puedan demostrar su interés mercantil, bien sea atrayendo inversión privada o demostrando su adaptación a las insensatas necesidades de un mercado laboral errático.
No podemos permitir el desmesurado recorte presupuestario en materia de I+D+I, el cierre de centros de investigación,  o la fuga de investigadores con la excusa de una deficitaria relación investigación/inversión que era absolutamente defendible y perfectamente homologable con la europea, aunque estuviera lejos de ser idílica. Tras los recortes presupuestarios es obvio que la situación se ha agravado dramáticamente.
No podemos permitir el riesgo que significa la instrumentalización de la investigación en manos de intereses que no son públicos, que no son universalistas. “Necesitamos una gestión política y social de la investigación que pueda permitir desarrollar nuevos conocimientos y, a la vez, compartir los frutos de las investigaciones con todo el mundo” (Vallaeys, F., 2007, 2012). La universidad debe mantener su autonomía tanto frente a los poderes económico-industriales, como respecto de los político-administrativos, porque ésta se debe a la sociedad en general y no sólo a uno de los sectores de la misma (CIDUA, 2005).
No podemos permitir la reducción drástica de las plantillas de profesorado universitario, justificadas sin más con el aumento de la carga docente, por decreto, de la mayor parte de este estamento, despreciando los argumentos que señalan la dificultad de asumir responsabilidades investigadoras por quienes se ven afectados por este incremento, la inmensa mayoría, y especialmente los sectores más vulnerables: funcionarios interinos, ayudantes, ayudantes doctores y contratados doctores. Estas medidas reducen dramáticamente las expectativas para desarrollar la carrera docente en la Universidad y conlleva la pérdida del mejor profesorado joven de las últimas décadas. Y desde luego puede suponer la puntilla final a los cuerpos docentes universitarios, progresivamente desfigurados en su significado y funciones al paso de la insistencia de nuestros gobernantes en convertir los “sexenios” en el ariete para su derrumbe.
No podemos permitir la aniquilación de cualquier vestigio democrático en la elección de los responsables de la universidad. Con la designación de Rectores sin el concurso democrático de la comunidad se estaría promoviendo la aparición de instituciones periféricas, agentes pasivos de poder, que mientras fomentan una imagen descentralizadora y democrática, vigilan el cumplimiento de las directrices legislativas centrales, preocupadas fundamentalmente por la homogeneización y el control. Esta perspectiva de democracia interpreta con gran fidelidad cuáles son las exigencias de las actuales políticas conservadoras: se necesita un Estado que mantenga el control sobre aquellos aspectos relacionados con las exigencias del libre mercado, pero que al mismo tiempo sea percibido como democrático, es decir, capaz de desarrollar una política de descentralización, devolviendo a la sociedad espacios de decisión. Esa doble necesidad, que evidencia además una clara contradicción, puede ser resuelta a través de la cesión de autoridad produciendo la ilusión de entrega de poder. El Estado mantiene así el control, a través de órganos periféricos que se convierten en agencias pasivas del poder central, mientras ofrece una imagen de correcto procedimiento democrático.
Cuando el capitalismo no consigue aportar la prosperidad u oportunidades que de él se esperan, es necesario explicar esta situación en términos de fracasos en el seno de la infraestructura del Estado, desplazando la responsabilidad desde los fundamentos del modo de producción, de las injusticias y contradicciones esenciales del capitalismo, a la gestión del sector público. En el caso que nos ocupa la responsabilidad recae sobre “las deficiencias” de un sistema universitario poco solvente en relación a la producción de conocimiento, a las cualificaciones laborales o a la competitividad económica en general, y como consecuencia aparecen las exigencias de reforma.
Una reforma que, en este caso,  trata de asfixiar la participación y la democracia interna, de reforzar la dependencia de la universidad de la empresa privada, de externalizar servicios, de seleccionar a su alumnado con criterios mercantilistas infringiendo el principio de igualdad de oportunidades. En definitiva una reforma que nos conduce a un proceso de privatización encubierta de la Universidad Pública, y por lo tanto a desdibujar su carácter y fortaleza.
Estamos convencidos de que esta vieja institución, en la que se recrea, reproduce y comparte la cultura y la ciencia más elaborada de la comunidad, actuará como tantas veces ha hecho, defendiendo con la razón su compromiso con la libertad y la justicia social, los únicos principios que garantizan el futuro de la especie humana.
En estos momentos más que nunca nuestra sociedad necesita a nuestra universidad.


Referencias:
Apple, M. V. (1986). Ideología y currículo. Madrid, Akal.
Culla i Clará, J.B. (2011). “La corrosión de la universidad”. El país, 22 de julio. http://elpais.com/diario/2011/07/22/catalunya/1311296843_850215.html
Gramsci, A. (1984). Los intelectuales y la organización de la nueva cultura. Buenos Aires, Nueva Visión.
Klein, Noami (2007). La doctrina del shock. Paidós Ibérica. 2ª ed.: Planeta, 2012.
Matas Dalmases, J. (2013). “Somnolencia universitaria”. El país. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/24/catalunya/1369419112_394376.html
Sola Fernández, M. (2013): “Silencio, propaganda y educación”, en Periódico Escuela, nº 3988, p. 6. 13 de junio.
UNESCO (1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. Disponible en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
Vallaeys, F. (2007): Responsabilidad social universitaria. Propuesta para una definición madura y eficiente. Ebook disponible en http://ebookbrowse.com/responsabilidad-social-universitaria-francois-vallaeys-pdf-d307280014

Williams, R. (1976). “Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory”. En Dale, R. (1976), Schooling and Capitalism: A Sociological Reader. London, Routledge & Kegan Paul.